Rosendo Fraga (h)
Director de Análisis e Investigación en gormanlee.com

Para cualquier observador argentino o latinoamericano, el traspaso de mando ordenado y cordial entre Luis Lacalle Pou y Yamandú Orsi el 1° de marzo pudo haber despertado cierta envidia, pero difícilmente sorpresa. Es que Uruguay es, desde hace años, un referente indiscutido de estabilidad institucional en la región, algo que reflejan todos los rankings internacionales sobre calidad democrática.

Coincidentemente, el traspaso de mando se dio en el marco de la publicación del último Democracy Index, elaborado anualmente por The Economist. Este ranking, uno de los más prestigiosos en la materia, ha clasificado a Uruguay como una «democracia plena» desde su primera edición, hace casi dos décadas. De hecho, es el único país de América del Sur que ha mantenido ininterrumpidamente esta categoría, con puntajes que han oscilado entre 7.96 (2006) y un máximo de 8.91 en 2022, año en el que alcanzó también su mejor posición global: 11°. Un factor clave en este desempeño ha sido la estabilidad del proceso electoral y el pluralismo político, ámbito este último en el que el país ha obtenido el puntaje perfecto (10.00) en todas las ediciones del índice.

Sin embargo, al analizar la evolución de sus puntajes en distintas categorías, también se observan desafíos y oportunidades de mejora.

Uno de los indicadores que ha mostrado una tendencia positiva es la participación política, que mide el nivel de involucramiento ciudadano en la vida pública de un país. Entre 2010 y 2017, Uruguay tuvo un puntaje inferior al promedio (4.44), pero desde 2018 comenzó un ascenso que alcanzó los 7.78 puntos en las últimas tres ediciones del ranking (2022-2024). Este avance es atribuible a un fortalecimiento del debate público, el rol de la sociedad civil y un interés creciente por los procesos políticos.

A pesar de su destacada posición en el ranking general, Uruguay ha tenido fluctuaciones en el indicador que mide la cultura política, con avances y retrocesos a lo largo de los años. Entre 2007 y 2019, el país se mantuvo estable en 7.50 puntos, pero en 2021 alcanzó su máximo de 8.75, para luego descender nuevamente a 6.88 (en los hechos, Uruguay hoy tiene el mismo puntaje por su cultura política que en 2006). Puestos a esbozar una explicación, estas variaciones parecen sugerir que la percepción ciudadana sobre el sistema democrático en Uruguay es mucho más sensible al contexto político y social que en otros países.

El puntaje de Uruguay por el funcionamiento del gobierno ha mostrado en general cierta estabilidad, aunque con algunos altibajos puntuales. En líneas generales, un buen desempeño en este indicador se interpreta como la confianza de la opinión pública en la capacidad gubernamental de gestionar el país de manera efectiva. El puntaje de Uruguay en esta categoría oscila entre los 8.21 puntos de 2006, los 8.93 puntos que van de 2011 a 2017, y los 8.57 puntos que recorren los años que van de 2018 a 2021. Recién en 2022 el gobierno uruguayo recuperará un funcionamiento similar al de 2017, pero será en 2024 donde Uruguay alcance su funcionamiento récord: 9.29 puntos. Para poner este logro en perspectiva, se trata del mismo puntaje que obtuvieron Nueva Zelanda, Suiza y Dinamarca en este indicador.

Las libertades civiles han sido un pilar fundamental del sistema democrático uruguayo. Un buen puntaje en este indicador se interpreta como un reflejo del compromiso de un país con los derechos fundamentales, la libertad de expresión y el respeto a la diversidad. Uruguay ha mantenido un desempeño sólido en este indicador, con una puntuación perfecta (10.00) durante el periodo que va de 2010 a 2017. No obstante, así como por el funcionamiento del gobierno se observa un récord positivo en 2024, el puntaje para las libertades civiles parece ser el reverso de esa moneda: los 9.41 puntos alcanzados el año pasado representan el punto más bajo desde 2006.

Si se realiza un puntaje promedio para cada administración desde 2006, puede observarse claramente una evolución de la calidad democrática a lo largo de los distintos gobiernos. Durante el primer mandato de Tabaré Vázquez (2005-2010), Uruguay tuvo un puntaje general de 8.05, con alta valoración en libertades civiles (9.81), pero baja participación política (4.81). En la gestión de José Mujica (2010-2015), el puntaje promedio subió a 8.17, con un mejor desempeño en funcionamiento del gobierno (8.93) y la continuidad del puntaje perfecto en libertades civiles. Con el regreso de Vázquez (2015-2020), el índice ascendió a 8.24, impulsado por una leve mejora en participación política (5.11) y  cierta estabilidad en el funcionamiento del gobierno (8.79). Finalmente, bajo la presidencia de Lacalle Pou (2020-2025), Uruguay alcanzó su mejor puntaje promedio (8.74), gracias a un notable crecimiento en participación política (7.45) y cultura política (7.75). Al comparar los promedios generales, el dato más importante se vuelve evidente: cada gobierno tuvo un mejor promedio de democracia que el anterior.

El traspaso de mando entre Luis Lacalle Pou y Yamandú Orsi el 1° de marzo fue mucho más que un acto protocolar: se trató de una imagen que refleja elocuentemente la estabilidad democrática de Uruguay. El repaso que acabamos de hacer por las puntuaciones del país en el Democracy Index de The Economist ayuda a entender por qué se mantiene como un referente en la región. Sin embargo, más allá de un sistema electoral transparente y un alto respeto por las libertades civiles, la participación política y la cultura democrática continúan representando áreas donde hay margen de mejora. La buena noticia es que en ambos casos se evidencia una tendencia al alza, lo que seguramente contribuirá a fortalecer aún más la posición de Uruguay como un modelo de estabilidad institucional y compromiso democrático en América Latina.