El Organized Crime Index, un proyecto emblemático de la Global Initiative Against Transnational Organized Crime, fue creado en 2021 para evaluar los niveles de delincuencia organizada y la capacidad de los países para hacer frente a las amenazas criminales que enfrentan. El índice se basa en una metodología que utiliza una amplia variedad de datos e indicadores para evaluar la situación de la delincuencia organizada a nivel mundial y en los 193 estados miembros de las Naciones Unidas.

Respecto a la Argentina, en esta segunda edición obtuvo un puntaje de 5.00 por su criminalidad. Ello implica un empeoramiento de 0.63 puntos respecto a 2021. En cuanto al ranking, este nuevo puntaje representa un impresionante ascenso de 30 posiciones de la Argentina por el grado de su criminalidad organizada, de la 125° a la 95°.

Este índice consta de dos componentes principales: el mencionado Criminalidad (evaluación de los mercados criminales y sus actores) y Resiliencia (la capacidad de un país para resistir y contrarrestar la delincuencia organizada a través de medidas políticas, económicas, legales y sociales). Ambos componentes se califican en una escala del 1 al 10, donde los puntajes más altos en criminalidad indican niveles más altos de actividad del crimen organizado, mientras que los puntajes más altos en resiliencia indican una mayor capacidad para contrarrestar la delincuencia organizada.

Respecto al primer componente de este índice, Criminalidad, la Argentina empeoró 0.63 puntos respecto a 2021. Esto se debe a una desmejora en nueve de sus variables y mejoras en sólo dos. En el primer caso se observa un empeoramiento en tráfico de personas (+1.00), tráfico de cannabis (+1.00), grupos de tipo mafioso (+1.00), actores integrados al Estado (+1.00), secuestros (+0.50), tráfico de armas (+0.50), crímenes contra la fauna (+0.50), tráfico de cocaína (+0.50) y presencia de actores extranjeros (+0.50). En cuanto a las mejoras, sólo son perceptibles en dos variables: crímenes contra la flora (-1.00) y delitos contra recursos no renovables (-0.50).

Respecto a la segunda categoría, Resiliencia, que mide la capacidad de un Estado para resistir con efectividad al crimen organizado, también se observa un agravamiento de la situación en el caso argentino, de los 6.33 puntos de 2021 a los 5.96 de 2023. Esto se debe a una caída en siete de las doce variables que componen el puntaje argentino en resiliencia. Se trata de políticas y leyes nacionales (-1.00), cumplimiento de la ley (-1.00), liderazgo político y gobernanza (-0.50), transparencia y responsabilidad del gobierno (-0.50), sistema judicial y detención (-0.50), prevención (-0.50) y actores no estatales (-0.50). En las restantes (cooperación internacional, integridad territorial, políticas contra el lavado de dinero, capacidad de regulación económica y apoyo a las víctimas y testigos), aunque no se registra una caída, tampoco se observa una mejora. Cabe agregar, no obstante, que el puntaje de políticas anti lavado argentino (7.00) continúa siendo el más alto de la región.

Después de Ecuador (-0.83), la Argentina fue el país de América del Sur que más empeoró en su resiliencia para combatir el delito organizado. Respecto a nuestro país, el informe señala textualmente: “En Argentina, el gobierno ha sido acusado de falta de transparencia en los procesos de adquisiciones y existen preocupaciones sobre la influencia del dinero del narcotráfico en la política local. El sistema judicial se considera corrupto e ineficiente, mientras que las malas condiciones carcelarias y las acusaciones de connivencia de la policía con delincuentes han contribuido a disminuir su resiliencia”.

No obstante, a pesar de este visible empeoramiento, la Argentina continúa ubicada entre los 47 países que combinan una baja criminalidad con una alta resiliencia, una categoría que en Sudamérica comparte con Uruguay y Chile.

Por último, a nivel global, esta nueva edición del Organized Crime Index confirma la persistencia y el aumento de la delincuencia organizada en estos dos años; el predominio de los delitos financieros, y la necesidad de una colaboración y gobernanza más eficaz para abordar a la delincuencia organizada.